Una Reforma Fiscal Verde conlleva una serie de etapas que pueden variar en tiempo y cantidad en cada país, de acuerdo a los problemas ambientales que enfrenta y a la robustez de su marco institucional y de políticas públicas. No obstante, un punto de partida común es la realización de diagnósticos sobre la problemática ambiental y el funcionamiento de su marco normativo, a manera de identificar dónde existe la oportunidad de realizar cambios que disminuyan comportamientos dañinos al ambiente, o bien en qué parte de los ciclos productivos es posible la inclusión de mecanismos que permitan incentivar buenas prácticas ambientales y la promoción del desarrollo sostenible.

Los diagnósticos más recientes dan cuenta que Guatemala confronta hoy un deterioro muy grave en su medio ambiente, lo cual pone en peligro la salud de millones de guatemaltecos. Más del 90 por ciento de nuestros cuerpos de agua está altamente contaminado por desechos sólidos, aguas residuales domésticas e industriales. El avance de la frontera agrícola y el cambio de uso de suelo, entre otros factores, provocan la continua degradación de los ecosistemas, así como la pérdida de la diversidad biológica y en notable detrimento de nuestra calidad ambiental. 

Desde el punto de vista fiscal, externalidades globales negativas como el cambio climático, el deterioro de la calidad ambiental y la contaminación, además de provocar impactos sobre los ecosistemas, la salud humana e incrementar la vulnerabilidad, constituyen una fuente significativa de riesgo y generalmente se convierten  en pasivos contingentes de considerable magnitud para las finanzas públicas. Los fenómenos naturales que provocan desastres, la proliferación de plagas y vectores, e incluso enfermedades como las infecciones respiratorias y las enfermedades gastrointestinales provocadas por la contaminación y la falta de saneamiento adecuado,  provocan gastos que comprometen recursos que en principio estaban orientados a la atención de otras finalidades, incluyendo proyectos fundamentales para el desarrollo, situación que provoca un círculo vicioso de mala calidad ambiental, pobreza, enfermedad y muerte.

Como una alternativa para revertir esta tendencia, durante los últimos meses el Ministerio de Finanzas Públicas, en colaboración con otras entidades gubernamentales e internacionales, analiza las opciones más viables para incorporar instrumentos fiscales que contribuyan a complementar los esquemas tradicionales de regulación directa. Esto por la oportunidad que ofrecen dichos instrumentos, mediante mecanismos basados en precios y costos, para influenciar el comportamiento en un modo que sea favorable a una mayor protección del medio ambiente. Se puede afirmar también que estos instrumentos ofrecen la posibilidad de obtener recaudaciones para financiar la gestión e inversiones ambientales a través de fondos específicamente destinados para ello. La fortaleza particular de un instrumento fiscal dependerá en todo caso de la intensidad con que estas señales de precios lleven a los agentes económicos a considerar dentro de sus costos el deterioro que sus actividades o consumo provoquen sobre el ambiente: el que contamina paga.

“El objetivo es fijar un valor económico al proceso de afectación, control, remediación y preservación ambiental. La estrategia tributaria consiste, por lo tanto, en alentar, desalentar o impulsar conductas por la vía económica bajo los aspectos de interés socio-ambiental”.^[3]

Por otro lado, la Reforma Fiscal Verde que se plantea en Guatemala descansa en el principio de política pública según el cual el Estado debe proveer los suficientes incentivos para activar el crecimiento económico por medio del procesamiento de residuos, desechos y conservación del medio ambiente (esto es, la generación de una industria fuerte de reciclaje con productos de alto valor agregado).  En la medida en que los residuos contaminantes (p.ej. envases no retornables PET) crezcan en valor de mercado al ser consumidos por industrias que los utilicen como materia prima para crear productos de mayor valor agregado, en esa medida el sistema se convierte en una cadena de suministro rentable y sostenible.  Este mecanismo integral de Economía Circular, con ciclos de principio a fin, que puedan ser recorridos por productos varias veces, será catalogado como parte importante en una política fiscal verde basada en “incentivos y desincentivos”.

El fundamento de la Reforma Fiscal Verde que analiza y busca implementar el Gobierno de Guatemala, se focaliza en su primera fase en tres componentes básicos:

• Enfoque en segmentos de producción industrial o de importación que generan altos niveles de contaminación ambiental por emisiones, desechos sólidos, desechos peligrosos, entre otros, diseñando un impuesto verde que no distorsione negativamente el ciclo económico de consumo, pero que genere un cambio de comportamiento y conciencia ambiental, integrando los costos de la degradación del medio ambiente en la ecuación económica.

• Creación de instrumentos fiscales para incentivar la creación o fomento de emprendimientos verdes y el crecimiento económico de industrias que procesen los desechos sólidos y/o los utilicen como materia prima para la elaboración de nuevos productos, creando mercancías de mayor valor agregado.

• Creación de instrumentos financieros para el fomento de modelos comunitarios sostenibles con elementos de educación ambiental, sensibilización, fortalecimiento de capacidades institucionales  para lograr la separación, recolección y procesamiento de desechos sólidos con el objetivo de conformar casos exitosos de buenas prácticas replicables a nivel nacional.

Esta es una iniciativa del Organismo Ejecutivo coordinada entre sus Ministerios rectores, pero bajo el liderazgo del Ministerio de Finanzas Públicas, puesto que los fundamentos de la reforma se enfocan especialmente en los aspectos fiscales y en su complementariedad, pues se articulan con los aspectos regulatorios, tasas, sanciones u otros de competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- y las Municipalidades. Adicionalmente, los aspectos de crecimiento económico están coordinados con el Ministerio de Economía -MINECO- para apalancar recursos y fondos nacionales e internacionales.

Finalmente, promover esta discusión desde el enfoque de la relación entre economía y ambiente,  es sólo el inicio. Es un primer paso necesario para crear una conciencia ecológica que permita contener el acelerado deterioro del medio ambiente y generar un punto de inflexión en las prácticas productivas y en los patrones de consumo y uso de la población guatemalteca. Para ello, adicional a los actores públicos, es necesario interactuar con los actores y agentes económicos que de una u otra forma provocan la contaminación de aire, agua y suelo, con el objetivo de generar consensos en la transición hacia un sistema más ordenado de control y protección ambiental. Por ello, y de manera simultáneamente, el Ministerio de Finanzas Públicas ha iniciado una serie de mesas técnicas que incluyen a la academia, el sector público, gremios empresariales, ONG ambientalistas, municipalidades, cooperación internacional y sociedad civil.